Fiscalía rastrea más de 210 vulneraciones en sorteos de procesos judiciales

Las primeras alertas se activaron en enero del 2020. En ese mes, el sistema nacional del Consejo de la Judicatura (SATJE) ya presentó irregularidades en el sorteo y asignación de los procesos judiciales.

La Fiscalía y la Policía rastrearon esos movimientos y en junio pasado contabilizaron más de 212 vulneraciones para direccionar los casos a distintos jueces. Esos ataques se perpetraron durante nueve meses y apuntaban a las delegaciones de la Judicatura de Guayas, Pichincha y Santa Elena.

Ahora, todos estos detalles están judicializados y están bajo la tutela de la Unidad de Transparencia y Lucha Anticorrupción de la Fiscalía.

En esos expedientes se indica que peritos informáticos de la Policía indagaron uno por uno los procesos judiciales. En esas pericias se conoció que 9 de 25 jueces recibieron la gran mayoría de esos procesos.

Por ejemplo, un magistrado obtuvo 46 casos relacionados con demandas constitucionales, civiles, tributarias, penales y laborales. Otros dos magistrados obtuvieron 33 y 28. La cantidad de las causas que tramitaban contrastaba con jueces que en cambio manejaban menos de nueve causas.

Pero, ¿cómo se vulneró al sistema de sorteos? La Fiscalía aún investiga los detalles. Sin embargo, en los expedientes los peritos detectaron que los sospechosos no ingresaban los procesos al sistema de sorteos, sino que los colocaban directamente a la ficha de los jueces.

Los investigadores concluyeron que la vulneración se realizaba desde una máquina virtual que no permitía identificar al usuario, ni a la computadora de la institución.

Se conoció que los procesos se realizaban a través de una máquina de una Unidad Judicial de Guayaquil, que a su vez tenía conexión remota con otra computadora desconocida. Las vulneraciones se daban durante la tarde y noche.

Por eso, el 17 de junio la Fiscalía allanó las oficinas de la Corte y de la Judicatura de Guayas. Siete funcionarios son indagados por las presuntas irregularidades.

Los agentes inspeccionaron desde las computadoras hasta el contenido de los basureros.

En Quito también se abrió hace ocho días otra investigación por supuestas irregularidades en el sorteo de causas relacionadas con acciones que inició el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, para evitar la remoción del cargo.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, informó que se investiga la asignación de los jueces que otorgaron las medidas cautelares para impedir que el Burgomaestre deje su puesto y la acción de protección parcial en contra de la Comisión de Mesa, que tramitó el informe de la remoción.

La Fiscalía incluso allanó las oficinas de una de las magistradas y abrió una indagación contra seis funcionarios judiciales. También, los agentes ingresaron a unidades judiciales desde donde se concedieron las acciones a favor de Yunda.

Todos estos hechos han generado que la Presidenta de la Judicatura ordenara hace dos días una auditoría interna del proceso de sorteo de causas. Este proceso contempla todas las ventanillas de las dependencias provinciales. Un equipo especializado se encargará de verificar cómo se han realizado los sorteos de las causas. Ellos deberán verificar si hubo alertas o denuncias ciudadanas.

La notificación del inicio de estas acciones se conoció ayer, 15 de julio del 2021, en las oficinas judiciales del país.

Reynaldo Cevallos es el representante de los trabajadores judiciales de Guayas. Ayer dijo que este proceso interno es normal para el funcionamiento de la justicia en el país. Sin embargo, indicó que hasta el momento no se conoce si existen jueces o funcionarios responsables por estos hechos. No obstante, dijo que como trabajadores de la Judicatura están prestos a brindar toda la información que pidan los investigadores.

Representantes de los Colegios de Abogados de Quito y Guayaquil también reaccionaron. Para los juristas este antecedente genera desconfianza en cómo la Judicatura ha llevado los procesos de todo el país.

Incluso, sostienen que tanto esa institución al igual que la Fiscalía deben sancionar a los responsables de estas presuntas irregularidades a nivel penal y administrativo.

La Comisión Anticorrupción también se pronunció. Ricardo Ramírez, coordinador de este organismo en Guayas, califica de grave estas indagaciones sobre el manejo de los casos judiciales. Para él, se debe verificar cómo se manejaron los procesos legales que fueron direccionados y si existen víctimas colaterales.

Fuente: https://bit.ly/3xP0i1A

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